A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Urgencia de una cultura pública de legalidad e integridad

 Ese modelo fue adoptado por la ONU en el 2002 como una opción estratégica para la prevención del crimen en todo el mundo.

En la OCDE se han tratado durante las dos últimas décadas los temas de ética pública concediéndoles importancia y elaborando documentos orientadores al respecto sobre temas como “Ética en el servicio público” (1997), “Integridad en la contratación pública” (OCDE 2007) y “Componentes de la Integridad” (2009), que plantean propuestas muy concretas sobre la conveniencia de fomentar una cultura ética en lo público. “La conciencia ética de la función pública debe asumir el papel protagonista que le corresponde. Los funcionarios deben aspirar a la mejora no solo de la calidad del servicio de la sociedad, sino que deben colaborar directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (Rodríguez Arana, Introducción a la “Ética en el servicio público”, OCDE 2007).

Se trata de un lenguaje operativo, no de un planteamiento teórico: “la eficacia de la infraestructura ética depende de que sea implantada, comprendida y aplicada sistemáticamente”. Tiene que darse gestión de la ética pública, no quedarse en declaraciones, códigos y documentos conceptuales. Pero, a veces, desafortunadamente, las cosas se quedan en un nivel informativo y no se procura y se logra la transformación del comportamiento de los funcionarios, que necesitan participar en procesos de formación de mediano y largo plazo y en planes de sostenibilidad de la cultura ética, que es lo único que garantiza los cambios reales: La sola información no forma, lo que forma es el cambio de conducta, y eso requiere tiempo y dedicación.

La cultura de la legalidad se ha desarrollado progresivamente y hoy en día está presente en muchos países en las propuestas políticas, en los planes de gobierno y en la formación de los servidores públicos. La cultura de la legalidad lleva a observar ante todo el orden jurídico existente, al cumplimiento o acatamiento de las leyes, y a su observancia desde un punto de vista más personal, de lealtad teniendo presente el bien común. Es decir, se trata de una legalidad basada en valores éticos. Por eso va unida a una cultura de la integridad, entendida como la “cualidad o característica de la conducta individual y organizacional que consiste en actuar o estar en conformidad con los valores, las normas y la reglas (OCDE, 2009). La integridad se basa en valores como la honestidad, la rectitud, la entereza, la honestidad y la transparencia. Estos valores también apuntan a consolidar el rechazo al individualismo o al relativismo moral porque las conductas íntegras llevan a actuar con visión de bien común, no sólo según la conveniencia personal.

Hablar de “la cultura de la legalidad y la integridad” es una forma actualizada y coherente de exponer hoy los temas centrales de la ética pública. Esos tres substantivos tienen una significación muy profunda y nos dan a entender que no pueden separarse los factores culturales que encierran la legalidad y la integridad. La Legalidad e Integridad en lo público hace referencia a valores que deben vivir de modo especial los funcionarios públicos de cara a la ciudadanía. Legalidad e integridad que deben entenderse en el contexto cultural, es decir teniendo presente el conjunto de significados que ayudan a identificar el comportamiento ético de una organización o de una determinada sociedad.

Estas ideas básicas son las que se lleva a la práctica mediante el Proyecto Cultura de la Legalidad y la Integridad, dirigido por el Instituto Latinoamericano de Liderazgo-ILL, cuya primera edición se realizó exitosamente en Colombia, por la Procuraduría General de la Nación para funcionarios del país, con el apoyo del BID, y que se está promoviendo en varios países latinoamericanos.  La cultura de la legalidad y la integridad tiene como objetivo central consolidar los valores en la gestión pública, para que haya coherencia entre la ética que se proclama y la que se vive, que se dé primacía al interés público sobre el particular, se fortalezca la apropiación de la ley, se afirme la prioridad del bien común y, sobre todo, se recobre la confianza en los funcionarios y en las instituciones del Estado. El libro “Por favor no roben más al Estado-Ética pública versus corrupción” (Panamericana Editorial-Ediciones ILL, 2016) es un instrumento que ayuda a poner en práctica esa cultura en lo público y contribuye a un eficaz rechazo a la corrupción con base en la educación preventiva.